La instalación de cámaras de videovigilancia en gimnasios, centros de entrenamiento, escuelas de artes marciales, clubes deportivos e instalaciones destinadas a la defensa personal puede ser una herramienta útil para proteger a las personas, los bienes y el correcto funcionamiento del centro. Sin embargo, también puede convertirse en un foco de responsabilidad jurídica si se implanta sin cumplir la normativa de protección de datos.

No hablamos de un riesgo hipotético ni de una posibilidad remota. Esta misma semana se ha publicado una noticia en Economist & Jurist sobre una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos —AEPD— de 4.000 euros a un negocio por disponer de un sistema de videovigilancia que captaba imagen y audio, sin informar adecuadamente ni justificar legalmente esa captación sonora. La noticia pone sobre la mesa una realidad importante: la AEPD ya está sancionando este tipo de incumplimientos.

En el ámbito deportivo, esta cuestión tiene especial relevancia. Un gimnasio no es solo un local abierto al público. Es un espacio donde las personas entrenan, se cambian, se relacionan, reciben instrucciones técnicas, realizan ejercicios físicos y, en muchos casos, comparten información sensible sobre su salud, lesiones, condición física o situación personal. Por eso, instalar cámaras no puede ser una decisión improvisada ni limitarse a comprar un sistema de seguridad y colocarlo en la pared.

La videovigilancia debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— y los criterios interpretativos de la AEPD. La propia Agencia recuerda que la videovigilancia debe utilizarse solo cuando no existan otros medios menos invasivos para la privacidad y que debe evitarse cualquier tratamiento innecesario de datos. También señala expresamente que está prohibida la instalación de cámaras en baños, vestuarios o lugares análogos.

La imagen es un dato personal

El primer punto que debe comprender cualquier responsable de una instalación deportiva es que la imagen de una persona identificada o identificable es un dato personal. Por tanto, captar imágenes mediante cámaras, grabarlas, almacenarlas o permitir que alguien acceda a ellas constituye un tratamiento de datos personales.

El RGPD establece que los datos personales deben tratarse de forma lícita, leal y transparente. También exige que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad perseguida. En videovigilancia, esto significa que no basta con tener una cámara “por seguridad”. Hay que justificar para qué se coloca, dónde se coloca, qué graba, durante cuánto tiempo se conservan las imágenes, quién puede acceder a ellas y cómo se informa a las personas afectadas.

La LOPDGDD permite el tratamiento de imágenes mediante cámaras o videocámaras cuando la finalidad sea preservar la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones. Esta base es especialmente relevante para gimnasios y centros deportivos, porque permite orientar la videovigilancia a la prevención de robos, daños, accesos indebidos, incidentes de seguridad o situaciones que puedan afectar a usuarios y personal. Ahora bien, esa autorización no es ilimitada. La ley también establece que las imágenes deben suprimirse, como regla general, en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar hechos que afecten a la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Cuidado con el audio: una línea roja habitual

Uno de los errores más graves consiste en instalar sistemas que, además de imagen, captan sonido. La grabación de voz no es un simple complemento técnico. La voz también es un dato personal y, además, permite acceder a conversaciones privadas, comentarios personales y comunicaciones que pueden afectar directamente a la intimidad de trabajadores, alumnos, clientes y visitantes.

La AEPD ha señalado que el hecho de que la videovigilancia pueda ser legítima por razones de seguridad no significa que también lo sea la grabación de voz. La captación de audio requiere una justificación propia, reforzada y proporcionada. De hecho, la grabación indiscriminada de conversaciones de empleados o público general puede resultar incompatible con el principio de proporcionalidad.

En una instalación deportiva, esta advertencia es especialmente importante. Las conversaciones entre alumnado, entrenadores, familiares o personal administrativo pueden revelar información privada, opiniones, conflictos, datos de salud, lesiones o circunstancias personales. Por ello, como regla prudente, un gimnasio no debería activar sistemas de captación de audio salvo que exista una justificación legal muy excepcional, documentada y evaluada previamente.

Pasos para implantar cámaras con seguridad jurídica

1.- El primer paso es definir la finalidad. La finalidad debe ser clara y legítima: seguridad de las personas, protección de bienes, control de accesos o prevención de incidentes. No debe utilizarse una finalidad genérica para terminar empleando las imágenes con otros objetivos distintos, como control disciplinario ordinario, vigilancia permanente del rendimiento deportivo o difusión promocional.

2.- El segundo paso es realizar un análisis de proporcionalidad. Debe valorarse si la cámara es necesaria, si existe una alternativa menos invasiva y si la ubicación elegida respeta la intimidad de las personas. No es lo mismo una cámara enfocando la entrada principal que una cámara orientada hacia una zona de entrenamiento donde se realizan correcciones físicas, ejercicios en el suelo o actividades con menores. Mucho menos sería admisible instalar cámaras en vestuarios, aseos, duchas, zonas de descanso o espacios de especial privacidad.

3.- El tercer paso es limitar el campo de visión. Las cámaras deben captar únicamente las zonas necesarias. La AEPD recuerda que no se puede captar la vía pública con fines de seguridad privada, salvo que resulte imprescindible o inevitable por la ubicación de las cámaras. En la práctica, esto obliga a revisar encuadres, ángulos, accesos y monitores para evitar grabaciones excesivas.

4.- El cuarto paso es cumplir el deber de información. Debe existir un cartel visible que indique que se trata de una zona videovigilada, identifique al responsable del tratamiento y explique cómo ejercer los derechos de protección de datos. Además, debe estar disponible una información más completa conforme al artículo 13 del RGPD, incluyendo la finalidad, la base jurídica, los plazos de conservación, los destinatarios, los derechos de las personas afectadas y la posibilidad de presentar reclamación ante la autoridad de control.

5.- El quinto paso es documentar el tratamiento. El responsable del centro debe incluir la videovigilancia en su registro de actividades de tratamiento, indicando, entre otros extremos, quién es el responsable, cuál es la finalidad, qué categorías de personas pueden verse afectadas, durante cuánto tiempo se conservan las imágenes y qué medidas de seguridad se aplican. El RGPD exige este registro como parte de la responsabilidad activa del responsable.

6.- El sexto paso es controlar el acceso a las grabaciones. No todo el personal del centro debe poder visualizar imágenes. Solo deberían acceder las personas autorizadas y únicamente cuando exista una necesidad real relacionada con la finalidad declarada. Además, si una empresa externa instala, mantiene o gestiona el sistema, debe existir un contrato de encargado del tratamiento conforme al artículo 28 del RGPD.

7.- El séptimo paso es aplicar medidas de seguridad. Las grabaciones deben protegerse frente a accesos no autorizados, pérdida, manipulación o difusión indebida. El RGPD exige medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo, como control de usuarios, contraseñas robustas, limitación de accesos, registro de visualizaciones, copias seguras cuando proceda y revisión periódica del sistema.

Menores, alumnado y consentimiento informado

En muchas instalaciones deportivas entrenan menores de edad. Esto exige una atención especial. La presencia de menores no impide por sí misma la videovigilancia con fines de seguridad, pero sí obliga a extremar la información, la proporcionalidad y la correcta gestión de permisos e inscripciones.

Aquí cobra especial importancia que los centros deportivos trabajen con documentación clara desde el primer contacto con el alumnado. COEDPI recomienda a sus colegiados utilizar las hojas de inscripción gratuitas puestas a su disposición, ya que contemplan la posibilidad de informar al alumnado —o a sus representantes legales, cuando proceda— de la existencia de circuitos cerrados de televisión orientados a la seguridad de las instalaciones y de las personas usuarias.

Estas hojas no deben entenderse como un simple trámite administrativo. Son una herramienta preventiva. Permiten acreditar que el alumno ha recibido información sobre el funcionamiento del centro, sus normas internas y la existencia de medidas de seguridad, incluida la videovigilancia cuando esté implantada. En caso de conflicto, inspección o reclamación, disponer de documentación clara y firmada puede marcar una diferencia relevante.

Ahora bien, conviene precisar algo importante: en videovigilancia con finalidad de seguridad, el cumplimiento no debe descansar únicamente en una firma o en una casilla de aceptación. El consentimiento informado ayuda a reforzar la transparencia, pero el centro debe cumplir igualmente con todos los requisitos legales: finalidad legítima, proporcionalidad, cartel informativo, información ampliada, registro de actividades, conservación limitada, control de accesos y medidas de seguridad.

Lo que no debe hacer un gimnasio

Un centro deportivo no debería instalar cámaras sin informar. Tampoco debería usar carteles genéricos de la empresa instaladora que no identifiquen correctamente al responsable ni expliquen el ejercicio de derechos. Ese fue precisamente uno de los problemas señalados en la noticia publicada por Economist & Jurist, donde se indicaba que el cartel existente no informaba en legal forma ni estaba debidamente cumplimentado.

Tampoco debería grabar audio de forma continuada, conservar imágenes indefinidamente, permitir que cualquier empleado acceda a las grabaciones, colocar cámaras en zonas de intimidad o reutilizar imágenes para redes sociales, publicidad o formación sin una base jurídica distinta y específica.

La videovigilancia de seguridad no autoriza a publicar imágenes de alumnos entrenando. Para utilizar imágenes con fines promocionales, redes sociales, cursos, difusión de eventos o material formativo, será necesario contar con una autorización específica, separada y suficientemente clara.

Prevención jurídica y cultura profesional

La seguridad jurídica no se improvisa cuando llega una reclamación. Se construye antes: revisando instalaciones, actualizando documentos, informando correctamente al alumnado, formando al personal y utilizando modelos adecuados.

La noticia reciente sobre la sanción de la AEPD debe servir como recordatorio para todo el sector deportivo. Las cámaras pueden proteger, pero también pueden generar responsabilidad si se instalan sin criterio. La diferencia entre una medida legítima de seguridad y una infracción de protección de datos está en el procedimiento.

Para los profesionales colegiados, COEDPI pone a disposición herramientas documentales que ayudan a trabajar con mayor seguridad, entre ellas las hojas de inscripción gratuitas para colegiados. Utilizarlas correctamente permite reforzar la transparencia con el alumnado, ordenar la relación profesional desde el inicio y dejar constancia de que la persona usuaria ha sido informada de las condiciones esenciales del servicio.

En definitiva, la videovigilancia en instalaciones deportivas puede ser legal, útil y recomendable cuando responde a una finalidad real de seguridad y se implanta conforme al RGPD, la LOPDGDD y los criterios de la AEPD. Pero debe hacerse bien: sin audio injustificado, sin cámaras en zonas sensibles, sin grabaciones excesivas y sin olvidar que cada imagen captada pertenece a una persona cuyos derechos deben ser respetados.

La mejor defensa jurídica de un gimnasio no empieza en el expediente sancionador. Empieza mucho antes, en una inscripción bien hecha, una información clara, una cámara bien ubicada y una gestión responsable de los datos personales.